Laura Activismo, Denúncia, Derechos humanos

¡Iraq, no olvidamos!

Taha Aziz, un miembro de la resitencia política iraquí, estará hoy en Madrid. Taha Aziz, con tres años de cautiverio en la prisión de Abu Graib en los que recibió todo tipo de torturas, hará un analisis de la situación actual de Iraq y hablará sobre las revueltas de los países árabes. El encuentro será hoy en la Calle de la Fe, 10 a partir de las 19h.

En diciembre de 2009 Taha Aziz ya estuvo en Madrid, invitado por la organización Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría, para participar en unas jornadas sobre el conflicto en Oriente Medio. Ahora vuelve para hablar de la situación actual en Iraq y sobre el paralelismo de la ocupación de Iraq con las revueltas en algunos países árabes. Taha Aziz es uno de los testimonios del documental Iraq, la destrucción de un país.

Taha Aziz es una figura religiosa en Baghdad y Abu Ghraib, y un militante de la resistencia política iraquí. Fue responsable de la mezquita de Al Ansar en Bagdad durante mas de diez años, en los cuales criticó con dureza los excesos del régimen y de la familia de Sadam Husein.

A Taha Aziz, como a millones de iraquíes, la invasión americana le cambió la vida un 3 de julio de 2005, cuando fue detenido y encarcelado, durante cuatro años, en la prisión que escandalizó al mundo Abu Ghraib donde, según cuenta, lo humillaron y torturaron a diario.

Actualmente, al igual que miles de iraquíes, Taha Aziz vive exiliado en Damasco.

Declaraciones de Taha Aziz en presa española

«Nosotros percibimos la situación de que cada vez los iraquíes están peor. No hay ningún indicador que muestre que estamos avanzando. La corrupción y los subornos cada vez están más extendidos. Quien los cobra, cada vez quiere mas. Por eso, no podemos hablar de democracia. Los que vinieron con los ocupantes siguen todavía en el poder». El Mundo, 30 de diciembre de 2009.

«La mayoria de partidos o grupos que están en el Parlamento iraquí rinden fidelidad a Iran, no a Iraq. La lucha intersectaria se desarrolla precisamente entre las milicias chiíes y suníes proiraníes, no iraquíes. Nosotros hemos convivido juntos siempre, incluso durante el primer año de ocupación, cuando aún estaba el ejército iraquí operando y resistiendo, no había lucha entre confesiones. Eso llegó al crearse el nuevo gobierno». Deia, 9 de enero de 2010.

«En las cárceles iraquíes las torturas son increíbles. Hace poco, un detenido me dijo que le colgaron por el pene 30 horas. Cuando oíamos lo que hacían los iraquíes, preferíamos los estadounidenses. EE.UU. tortura por sistema, pero ahora las cárceles están dentro de las bases americanas». El Periódico, 17 de diciembre de 2009.

«No todos los musulmanes son Al Qaida. EE.UU. creó ese enemigo para espantar al mundo. En Iraq, Al Qaida está perdiendo su poder, que nunca fue mucho. Los radicales no son mayoría, pero EE. UU. los está engordando. Si hay alguien que ha perdido esta guerra ha sido EE.UU. Iban a liberar al pueblo iraquí, pero no pueden estar más lejos y por eso dicen que se van. Tumbaron una dictadura y han traído otra peor». La Razón, 14 de diciembre de 2009.

Iraq y Líbia: un espejo en manos de las petroleras

El mandato del Consejo de Seguridad, que autorizó las operaciones militares de la OTAN de «proteger a los civiles» en Libia, era tan engañoso como el que permitió que el gobierno de Bush invadiese Iraq para destruir los arsenales de armas de destrucción masiva inexistentes. Al igual que George W. Bush y Dick Cheney se han centrado en asegurar el petróleo de Iraq a sus compinches las grandes compañías petroleras, las fuerzas de EE.UU. y la OTAN han atacado a Libia para sacar Muammar Gaddafi, que prefirió vender su petróleo a Rusia y China.

Saddam Hussein pasó a la clandestinidad después de la caída de Bagdad y su posterior saqueo. Su captura y eventual ejecución llegó muchos meses después. En el período inmediatamente posterior a la caída de Gadafi, en medio de todo el caos, el único movimiento claro fue hecho por Trípoli para favorecer a aliados de la OTAN como a nuevos clientes del petróleo de Libia.

Hoy, la OTAN se regodea de «daños colaterales» en sus operaciones de Libia. Sin embargo, se calcula que decenas de miles de civiles (a los que se suponía debían de proteger) han muerto, mientras que ciudades enteras yacen en ruinas.

Después de nueve años de ocupación estadounidense, la economía de Iraq sigue siendo un caos en medio de la corrupción oficial generalizada, y todo indica que la inestabilidad puede crecer incluso después de la retirada de las tropas de EE.UU. Libia seguirá siendo un estado casi fracasado en el futuro inmediato como la lucha en la que compiten las fuerzas políticas y tribales por la supremacía.

Las grandes compañías petroleras no tiene ninguna prisa en ver a estos dos países, u otras naciones productoras de petróleo en el Medio Oriente y el Norte de África, como se convierten en estables, prósperas y productivas. De hecho, cuanto más sumidas en la miseria sigan, más fácil será para exigir mejores condiciones en los acuerdos petroleros por parte de los aliados.

Estados Unidos importa actualmente la mayor parte de su petróleo de extracciones de Canadá pero, actualmente, enormes reservas de petróleo de Medio Oriente y el Norte de África son destinadas a la explotación a largo plazo, cuando las fuentes de EE.UU. y otros países lleguen a su agotamiento.

Texto extraído del artículo Libya and Iraq: Mirror images in the grip of big oil.

Laura Activismo, Denúncia, Notícias

Cooperantes en África: blanco fácil y negocio seguro

Ayer nos llegaba la noticia que dos cooperantes españoles y una italiana fueron secuestrados en un campamento de refugiados saharauis cerca de Tinduf, en el suroeste de Argelia en la que fue una acción atribuida por el Frente Polisario a la organización Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI).

Los cooperantes son Ainhoa Fernández de Rincón (miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura) Enric Gonyalons (miembro de la asociación Mundubat) y la italiana Rossella Urru. Los tres europeos fueron secuestrados durante la noche en el campamento de Rabuni, en donde trabajaban para asociaciones de ayuda a los numerosos refugiados saharauis instalados en esta región, situada en las puertas del Sahara Occidental y cercana a Mauritania y Mali. Se cree que pueden estar en Mali.

Esta mala noticia nos llegaba justo 10 días después del secuestro de Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras que trabajaban en labores logísticas en Dadaab (Kenia), a unos 100 kilómetros de la frontera somalí. El vehículo con el que viajaban las cooperantes fue asaltado a tiros por los secuestradores, que se supone que son miembros del grupo islamista somalí Al Shabaab. Se cree que las cooperantes se encuentran en Somalia.

Estos dos secuestros han vuelto a poner de manifiesto las condiciones extremas de la acción humanitaria en muchos lugares del mundo. En estas zonas trabajan numerosos expatriados de ONGs, que tratan de ayudar a los refugiados de la guerra y que se encuentran en situaciones límite. Todos ellos son un blanco fácil y codiciado por bandidos y milicias armadas que son conscientes de que los extranjeros valen su peso en oro.

100 víctimas al año

Hoy en dia, en las llamadas ‘zonas rojas’,  los trabajadores humanitarios pagan un alto precio por su compromiso. Acoso, secuestros, emboscadas, amenazas de muerte y matanzas son algunos de los riesgos que afrontan en su trabajo en Afganistán, Darfur, Sri Lanka y muchos otros lugares del mundo. Estos cooperantes son profesionales y no son imprudentes. La terrible verdad es que los cooperantes se han convertido cada vez más en objetivos elegidos intencionalmente.

Tradicionalmente, la protección de los trabajadores humanitarios dependía de su “aceptación” por los beligerantes, así como de la estricta aplicación de los principios humanitarios de neutralidad, independencia y no discriminación. Pero esta aceptación es puesta en cuestión cada vez más en los conflictos actuales. En algunos casos, se convierte a los trabajadores que prestan asistencia humanitaria en objetivos porque se los considera como testigos incómodos de las atrocidades perpetradas contra civiles, tal como ocurre en la parte oriental de la República Democrática del Congo. En otros, se los considera como parte de un programa político o ideológico, como es el caso de Afganistán. El secuestro de trabajadores humanitarios se ha convertido asimismo en una empresa rentable economicamente en algunos lugares del mundo, como es el caso de Somalia.

Según la ONU, en los últimos diez años, la labor de los cooperantes se ha vuelto cada vez más peligrosa. Los ataques a los puestos de ayuda humanitaria se han triplicado, con el resultado de unas cien víctimas al año. En 2010 se produjeron 129 incidentes que afectaron a la seguridad de los trabajadores humanitarios: 69 fueron asesinados, 86 heridos y 87 secuestrados.

No es de justicia que personas que se entregan a ayudar a los demás sin mas armas que sentir el sufrimiento ajeno como si fuera propio, se tengan que enfrentar a retenciones en contra de su voluntad por parte de bandas en busca de recompensas económicas… Exijo la libertad de nuestr@s compañer@s secuestrad@s en Kenia y en el Sahara. ¡Mi solidaridad con sus familias y amig@s!

Laura Denúncia, Derechos humanos, Informe

Un nuevo informe de Amnistia Internacional denuncia el mal funcionamiento de los controles de exportación de armamento militar

Estados Unidos, Rusia y varios países de la Unión Europea suministraron ingentes cantidades de armas a gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África antes de los levantamientos de este año, pese a tener pruebas de que existía un riesgo considerable de que fueran utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un informe que publicó ayer.

En el informe Arms transfers to the Middle East and North Africa: Lessons for an effective arms trade treaty se analizan transferencias de armas a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen realizadas desde 2005.

«Estas conclusiones ponen de relieve el pésimo funcionamiento de los controles de exportación de armamento vigentes, con todos sus vacíos, y subrayan la necesidad de adoptar un tratado efectivo sobre el comercio de armas que tenga plenamente en cuenta la necesidad de respetar y defender los derechos humanos” afirmó Helen Hughes, investigadora principal de Amnistía Internacional sobre el comercio de armas en la elaboración de este informe.

Los gobiernos que ahora manifiestan su solidaridad con la población de todo Oriente Medio y Norte de África son los mismos que hasta hace muy poco suministraron las armas, municiones y otro material policial y militar que luego se utilizaron para matar, herir y detener arbitrariamente a miles de manifestantes pacíficos en Estados como Túnez y Egipto y que, incluso ahora, están empleando las fuerzas de seguridad de Siria y Yemen.

Los principales proveedores de armas a los cinco países examinados en el informe son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia. Pero este informe también denuncia la entrada en Libia de submunición de racimo y proyectiles de mortero MAT-120 de fabricación española, autorizados para su venta en 2007, en Misrata cuando la ciudad estaba siendo bombardeada por las fuerzas de Gadafi. Este material está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, que España firmó menos de un año después de suministrar las submuniciones a Libia.

«Lo que el mundo necesita es una evaluación rigurosa de cada transferencia de armas propuesta, para que el gobierno pueda poner la luz roja cuando exista un peligro considerable de que esas armas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos», expresa Amnistia Internacional. Esta proactiva ‘regla de oro’ ya figura en el borrador de la ONU para las conversaciones sobre un tratado para el comercio de armas, que se reanudarán en sede de la ONU en febrero.

Si los principales proveedores de armas no adoptan la regla de oro ni abandonan su imprudente enfoque de ‘actuar como siempre’, avivando las crisis de derechos humanos como hemos visto este año en toda la región de Oriente Medio y Norte de África, contribuirán innecesariamente a destrozar vidas y a socavar la seguridad mundial.

El Estado español y la industria de la guerra

España es el sexto exportador mundial de armamento pesado, por delante de países como China o Italia y sólo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según el último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales de nuestro país.

Entre las compañías que dedican parte de sus actividades a proporcionar servicios militares o a la fabricación de bienes, componentes o electrónica militar se encuentran algunas conocidas como Iberia o Iveco Pegaso. La primera participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y el Ejército del Aire, mientras que la segunda dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, según el Directorio de la industria Militar en España, elaborado por el Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs. Parece ser que actualmente hay alrededor de 200 empresas españolas que realizan actividades de comercio exterior de material de defensa, armas de caza, material policial o tecnologías de doble uso a otros países.

Aquí podéis ver el informe sobre las exportaciones de material armamentistico del Estado español en el año 2010.

¿Cómo funciona la venta de armas?

La fabricación de armamento y la negociación con sus compradores corresponde a empresas privadas, pero la venta solo se produce con autorización directa del Gobierno. Existe una comisión, cuyas deliberaciones son secretas y cuyas decisiones se conocen hasta con un año de retraso, que depende del Ministerio de Industria y Comercio (no del de Defensa; no del de Exteriores) y donde también se sienta el director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de otros altos representantes de Interior o Defensa.

Las organizaciones de derechos humanos habían «acogido con satisfacción» la ley de 2007 que regulaba la venta de armamento porque, entre otras cosas, el artículo 8 explicita en qué casos se deben rechazar los acuerdos. La ley deja claro que no se autorizará las exportaciones de armas cuando existan indicios racionales de que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, que puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos. Sin embargo, si ponemos el texto de ese artículo 8 junto al balance de operaciones realizadas, asoman las contradicciones.