Un nuevo informe de Amnistia Internacional denuncia el mal funcionamiento de los controles de exportación de armamento militar

Estados Unidos, Rusia y varios países de la Unión Europea suministraron ingentes cantidades de armas a gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África antes de los levantamientos de este año, pese a tener pruebas de que existía un riesgo considerable de que fueran utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un informe que publicó ayer.

En el informe Arms transfers to the Middle East and North Africa: Lessons for an effective arms trade treaty se analizan transferencias de armas a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen realizadas desde 2005.

“Estas conclusiones ponen de relieve el pésimo funcionamiento de los controles de exportación de armamento vigentes, con todos sus vacíos, y subrayan la necesidad de adoptar un tratado efectivo sobre el comercio de armas que tenga plenamente en cuenta la necesidad de respetar y defender los derechos humanos” afirmó Helen Hughes, investigadora principal de Amnistía Internacional sobre el comercio de armas en la elaboración de este informe.

Los gobiernos que ahora manifiestan su solidaridad con la población de todo Oriente Medio y Norte de África son los mismos que hasta hace muy poco suministraron las armas, municiones y otro material policial y militar que luego se utilizaron para matar, herir y detener arbitrariamente a miles de manifestantes pacíficos en Estados como Túnez y Egipto y que, incluso ahora, están empleando las fuerzas de seguridad de Siria y Yemen.

Los principales proveedores de armas a los cinco países examinados en el informe son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia. Pero este informe también denuncia la entrada en Libia de submunición de racimo y proyectiles de mortero MAT-120 de fabricación española, autorizados para su venta en 2007, en Misrata cuando la ciudad estaba siendo bombardeada por las fuerzas de Gadafi. Este material está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo, que España firmó menos de un año después de suministrar las submuniciones a Libia.

“Lo que el mundo necesita es una evaluación rigurosa de cada transferencia de armas propuesta, para que el gobierno pueda poner la luz roja cuando exista un peligro considerable de que esas armas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de violaciones graves de derechos humanos”, expresa Amnistia Internacional. Esta proactiva ‘regla de oro’ ya figura en el borrador de la ONU para las conversaciones sobre un tratado para el comercio de armas, que se reanudarán en sede de la ONU en febrero.

Si los principales proveedores de armas no adoptan la regla de oro ni abandonan su imprudente enfoque de ‘actuar como siempre’, avivando las crisis de derechos humanos como hemos visto este año en toda la región de Oriente Medio y Norte de África, contribuirán innecesariamente a destrozar vidas y a socavar la seguridad mundial.

El Estado español y la industria de la guerra

España es el sexto exportador mundial de armamento pesado, por delante de países como China o Italia y sólo por detrás de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido, según el último informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La industria militar española es mucho más extensa de lo que aparenta. Anualmente factura unos 4.000 millones de euros y da empleo a 18.000 personas. De ella participan algunas de las principales empresas aeronáuticas, tecnológicas e industriales de nuestro país.

Entre las compañías que dedican parte de sus actividades a proporcionar servicios militares o a la fabricación de bienes, componentes o electrónica militar se encuentran algunas conocidas como Iberia o Iveco Pegaso. La primera participa en programas militares de mantenimiento y reparación de aviones de la Armada y el Ejército del Aire, mientras que la segunda dedica el 5,8% de su producción a la fabricación de vehículos blindados y todo terrenos militares, según el Directorio de la industria Militar en España, elaborado por el Centre d’Estudis per la Pau J.M.Delàs. Parece ser que actualmente hay alrededor de 200 empresas españolas que realizan actividades de comercio exterior de material de defensa, armas de caza, material policial o tecnologías de doble uso a otros países.

Aquí podéis ver el informe sobre las exportaciones de material armamentistico del Estado español en el año 2010.

¿Cómo funciona la venta de armas?

La fabricación de armamento y la negociación con sus compradores corresponde a empresas privadas, pero la venta solo se produce con autorización directa del Gobierno. Existe una comisión, cuyas deliberaciones son secretas y cuyas decisiones se conocen hasta con un año de retraso, que depende del Ministerio de Industria y Comercio (no del de Defensa; no del de Exteriores) y donde también se sienta el director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de otros altos representantes de Interior o Defensa.

Las organizaciones de derechos humanos habían “acogido con satisfacción” la ley de 2007 que regulaba la venta de armamento porque, entre otras cosas, el artículo 8 explicita en qué casos se deben rechazar los acuerdos. La ley deja claro que no se autorizará las exportaciones de armas cuando existan indicios racionales de que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, que puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos. Sin embargo, si ponemos el texto de ese artículo 8 junto al balance de operaciones realizadas, asoman las contradicciones.

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Publicado en Denúncia, Derechos humanos, Informe

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