Periodismo y manipulación

“Los medios de comunicación son la fuente principal de creación de imágenes del mundo exterior en las mentes de las personas”. Así definía el sociólogo Walter Lippmann los medios de comunicación. Él creía que los seres humanos necesitamos interpretar el mundo que nos rodea y que, en este sentido, los medios tienen la misión de “simplificar la realidad”. Es desde este punto donde nos debemos situar para empezar a analizar la relación entre el periodismo y los poderes políticos.

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Desde la Revolución Francesa los medios de comunicación han sido reconocidos como el cuarto poder en el sistema democrático, detrás de los tres tradicionales. Con el tiempo, los medios de comunicación han tenido la tentación de erigirse en el primer poder, con un plus de representación que no es aquel que la democracia tradicional les tenía reservada.

Los medios de comunicación están generando unos “titulares cada vez más interpretativos de una voluntad y distantes con la realidad”. Así concluye Media.cat un análisis sobre la línea editorial de la prensa en los últimos meses. Un caso de análisis son las portadas publicadas en los diversos medios catalanes y españoles el día después de las elecciones celebradas el 27-S en Cataluña. Las interpretaciones hechas por diversos medios son ejemplos de la incidencia política que se genera a través de los medios de comunicación que contribuyen, de esta forma, a la suplantación de la opinión pública por parte de la opinión publicada. Estos artículos incumplen, entre otros, el primer axioma del código deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya: “observar siempre una clara distinción entre los hechos y opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ambas cosas, así como la difusión de conyeturas y rumores como si se tratara de hechos”.

En la actualidad, los medios de comunicación manipulan la información para satisfacer ciertos requerimientos provenientes de poderes políticos y, también, empresariales. De este modo, tal y como apunta el periodista Pascual Serrano en el libro Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo, “los medios convierten la información en mercancía”. Serrano explica cómo los medios utilizan el lenguaje para servir sus propios objetivos a través de “la utilización de un lenguaje aparentemente neutral cuando se está opinando”. Se trata de una “neutralidad cuando hay parcialidad y distanciamiento cuando el medio se está implicando”.

Estas malas praxis periodísticas perjudican la relación de confianza establecida entre los medios de comunicación y su público. Hay que hacer valer, pues, la máxima del periodista José Manuel Martín que dice: “El buen periodismo es lo que potabiliza la información para nutrir democráticamente los ciudadanos”.

El ‘lobbing’ en el caso del ataque al Mavi Marmara

Un lobby (del inglés, ‘salón de espera’), en español, grupo de presión, es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad, según la Wikipedia. Fue en torno al siglo XVIII cuando los miembros del Parlamento Británico bautizaron esta forma de hacer política. Se dice que los diputados eran ‘asaltados’ en la entrada del hemiciclo, justo antes de que empezacen los debates, por grupos interesados que buscaban influir en sus decisiones en el interior. Por eso, hoy en día hacer lobbing o política de vestíbulo significa hacer presión política para conseguir intereses particulares. En la actualidad, de hacer lobbing quien sabe mucho es el gobierno israelí que, a través de corporaciones, consorcios transnacionales y sus emabajadas dictan y condicionan la política y el comportamiento de otros gobiernos e instituciones mundiales oficiales o privadas.

En el Estado español esta semana se ha hecho público uno de esos casos. Como sabéis, en 2010 la Flotilla de la Libertad, que zarpó rumbo a Gaza para denunciar el ilegal bloqueo que sufre su población, fue brutalmente atacada por comandos israelíes en aguas internacionales. Diez personas fueron asesinadas y otras sesenta resultaron heridas de distinta gravedad. Al volver, tres ciudadanos con nacionalidad española y dos organizaciones -que actuaron como acusación popular- presentamos una querella contra los máximos responsables de dicho ataque.

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En noviembre de 2012 el fiscal de la Audiencia Nacional dictaminó en sus diligencias previas que el asalto constituyó un crimen de lesa humanidad y aconsejaba al gobierno elevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno no lo hizo. Más grave fue lo que sucedió poco más de un año más tarde. El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma exprés impulsada por el Partido Popular del Articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagra el principio de jurisdicción universal. Su aprobación supuso un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. Entre estos crímenes se encontraba el cometido por Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya’alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom por el ataque a la Flotilla de la Libertad. El recorte en materia de jurisdicción universal  fue una reacción política generada por presiones (lobbies) de ciertos poderes políticos, entre los que se encuentra Israel.

El juez De la Mata tuvo que cerrar el caso en junio de 2015. En el auto, el juez comunicó la posibilidad de elevar a la Corte Penal Internacional el caso del asalto dado que concurría el delito de crímenes de lesa humanidad. Pero el tema no acabaría aquí. El 11 de noviembre de 2015, le llegó la hora a Benjamin Netanyahu y seis de sus ministros. Los siete fueron incluidos en los ficheros policiales y sus nombres harian saltar una alerta en caso de que pisen territorio español. En ese caso podrian ser notificados personalmente de la querella, llamados a declarar e incluso detenidos bajo la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Aquí empieza el último capítulo, se acentua el funcionamiento de la maquinaria del lobby israelí y prosigue el escándalo. Contextualizemos.

Eldiario.es publicaba esta semana que el 14 de noviembre el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí hizo las siguientes declaraciones en el Jerusalem Post sobre la orden dictada por el juez De la Mata: “Lo consideramos una provocación. Estamos trabajando con las autoridades españolas para anularla. Esperamos que se resuelva pronto”. El punto 2 de la Parte Dispositiva del auto dictado por De la Mata en junio de 2015 indicaba: “Poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a los efectos oportunos, deberán comunicar a este Juzgado Central de Instrucción la posible presencia en territorio español de las personas contra las que se dirige esta querella: Don Benjamín Netanyahu, Don Ehud Barak, Don Avigdor Lieberman, Don Moshe Ya’alon, Don Eli Yishai, Don Benny Begin y Don Eliezer “Chinito” Marom.

Por su parte, Javier Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional) está intentando anular la orden dada por De la Mata para la inclusión de los datos en los ficheros policiales. Zaragoza ya aparece en varios cables de la embajada estadounidense descrito como colaborador para interferir en causas judiciales. Como indica Eldiario.es, en un cable referente a las torturas en Guantánamo sufridas por algunos ciudadanos del Estado español se indica: “El fiscal jefe Javier Zaragoza nos ha dicho que con toda seguridad no le quedará más opción que abrir un caso. Dijo que no espera cargos u órdenes de arresto en un futuro cercano. Él también tratará de que el caso no sea asignado a Garzón. Nuestros contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Ministerio de Justicia nos han dicho que están preocupados por el caso, pero han enfatizado la independencia de la justicia española. También han indicado que el caso avanzará lentamente”. Tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español como desde la embajada israelí han eludido pronunciarse sobre las últimas informaciones aparecidas.

Sabemos como se mueven los tentáculos del lobby israelí. Cuando conocimos la orden dictada por el juez De la Mata, tuvimos claro que íban a producirse presiones para revertir este hecho intentando dejar impunes a esos criminales. Acabamos de ver cómo está funcionando su lobby. Consideramos inaceptable que representantes del Estado español estén colaborando para cerrar un caso que señala a siete personas como responsables de crímenes de lesa humanidad, tal y como quedó recogido en el Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el ataque al Mavi Marmara (páginas 53 a 56) y, a través de este blog, exigimos conocer a qué autoridades se refiere el portavoz israelí. No acceptamos que estos criminales queden impunes. En su día mataron a diez activistas pero, desde hace decenios, llevan masacrando a miles de palestinos y palestinas. Que quede dicho, el fin de las acciones de la flotilla es acabar con esa impunidad israelí y que paguen por los crímenes cometidos. Sea como sea, la lucha continúa y no nos quedaremos mirando. Zarparemos una y mil veces hasta que se haga justicia y Palestina sea libre.

Fuentes de información usadas: publicaciones en eldiario.es y en rumboagaza.org

A pesar de todo, ¡seguimos luchando!

Esta semana han tenido lugar en Estambul las quintas audiencias del juicio abierto en los tribunales de Turquía contra militares israelíes del ataque al Mavi Marmara, el año 2010. Los máximos responsables están siendo juzgados -a pesar de su ausencia-, por la muerte de nueve activistas.

Estas últimas audiencias se han centrado en los testimonios de varios periodistas que viajaban a bordo del Mavi Marmara. Todos ellos, habían compartido sala de prensa conmigo y relataron como los militares israelíes nos secuestraron en aguas internacionales privándonos de la libertad de información. Tras el asalto, los militares nos confiscaron todo el material que llevábamos; desde cámaras y ordenadores para la edición de los vídeos hasta el propio material gráfico que habíamos estado grabando.

El caso abierto en Turquía es de especial importancia ya que es una de las primeras veces que se juzgan oficiales israelíes en una corte criminal. No sé cómo acabará todo ni qué camino tomará la querella que, hace unos meses, se presentó, también, a la Corte Penal Internacional. De todos modos, tengo claro que estos procesos legales son un paso más contra la impunidad de Israel; un estado que viola a diario los derechos humanos de la población palestina y que hace caso omiso de la legislación internacional.

Mientras tenían lugar estas audiencias, yo estaba con mi cámara grabando en un espacio justo delante de los tribunales. Allí, cientos de personas se habían reunido apoyado el caso y pidiendo justicia contra los responsables del ataque. No sólo había población turca; también había varios internacionales provenientes de una veintena de países -entre ellos Grecia, Suecia, Indonesia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Canadá- que se desplazaron a Estambul para seguir el juicio.

Dos días antes de las audiencias, el pasado martes, tuvo lugar una conferencia jurídica en la que participaron abogados de varios países, representantes de varias víctimas del ataque. Gonzalo Boye, uno de mis abogados, comentó cuál era la situación del caso en los tribunales españoles. Comenzó su intervención mostrándose avergonzado de ser abogado en España. Boye tiene claro que los fiscales españoles son los defensores de los autores que siguen violando los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel estatal.

El recorte en materia de jurisdicción universal realizada en España es una reacción política generada por presiones de ciertos poderes políticos, entre los que se encuentra Israel. Para ellos, debe ser una molestia tener un caso abierto en la Audiencia Nacional, ya que algunos de sus militares, responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad, están acusados ​​de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Estas nuevas recortes hacen especialmente difícil que el caso de la Flotilla en España pueda seguir su proceso. A no ser que los jueces desobedezcan los nuevos recortes del PP, el caso acabará archivando. Pero hay otros casos que siguen su curso en siete países y, también, a la Corte Penal Internacional.

Sea como sea, la lucha continúa y no pienso quedarme de brazos cruzados.

(Vídeo realitzado por Olga Rodríguez y Laura Arau)