Esta semana han tenido lugar en Estambul las quintas audiencias del juicio abierto en los tribunales de Turquía contra militares israelíes del ataque al Mavi Marmara, el año 2010. Los máximos responsables están siendo juzgados -a pesar de su ausencia-, por la muerte de nueve activistas.

Estas últimas audiencias se han centrado en los testimonios de varios periodistas que viajaban a bordo del Mavi Marmara. Todos ellos, habían compartido sala de prensa conmigo y relataron como los militares israelíes nos secuestraron en aguas internacionales privándonos de la libertad de información. Tras el asalto, los militares nos confiscaron todo el material que llevábamos; desde cámaras y ordenadores para la edición de los vídeos hasta el propio material gráfico que habíamos estado grabando.

El caso abierto en Turquía es de especial importancia ya que es una de las primeras veces que se juzgan oficiales israelíes en una corte criminal. No sé cómo acabará todo ni qué camino tomará la querella que, hace unos meses, se presentó, también, a la Corte Penal Internacional. De todos modos, tengo claro que estos procesos legales son un paso más contra la impunidad de Israel; un estado que viola a diario los derechos humanos de la población palestina y que hace caso omiso de la legislación internacional.

Mientras tenían lugar estas audiencias, yo estaba con mi cámara grabando en un espacio justo delante de los tribunales. Allí, cientos de personas se habían reunido apoyado el caso y pidiendo justicia contra los responsables del ataque. No sólo había población turca; también había varios internacionales provenientes de una veintena de países -entre ellos Grecia, Suecia, Indonesia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Canadá- que se desplazaron a Estambul para seguir el juicio.

Dos días antes de las audiencias, el pasado martes, tuvo lugar una conferencia jurídica en la que participaron abogados de varios países, representantes de varias víctimas del ataque. Gonzalo Boye, uno de mis abogados, comentó cuál era la situación del caso en los tribunales españoles. Comenzó su intervención mostrándose avergonzado de ser abogado en España. Boye tiene claro que los fiscales españoles son los defensores de los autores que siguen violando los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel estatal.

El recorte en materia de jurisdicción universal realizada en España es una reacción política generada por presiones de ciertos poderes políticos, entre los que se encuentra Israel. Para ellos, debe ser una molestia tener un caso abierto en la Audiencia Nacional, ya que algunos de sus militares, responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad, están acusados ​​de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Estas nuevas recortes hacen especialmente difícil que el caso de la Flotilla en España pueda seguir su proceso. A no ser que los jueces desobedezcan los nuevos recortes del PP, el caso acabará archivando. Pero hay otros casos que siguen su curso en siete países y, también, a la Corte Penal Internacional.

Sea como sea, la lucha continúa y no pienso quedarme de brazos cruzados.

(Vídeo realitzado por Olga Rodríguez y Laura Arau)