El ‘lobbing’ en el caso del ataque al Mavi Marmara

Un lobby (del inglés, ‘salón de espera’), en español, grupo de presión, es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad, según la Wikipedia. Fue en torno al siglo XVIII cuando los miembros del Parlamento Británico bautizaron esta forma de hacer política. Se dice que los diputados eran ‘asaltados’ en la entrada del hemiciclo, justo antes de que empezacen los debates, por grupos interesados que buscaban influir en sus decisiones en el interior. Por eso, hoy en día hacer lobbing o política de vestíbulo significa hacer presión política para conseguir intereses particulares. En la actualidad, de hacer lobbing quien sabe mucho es el gobierno israelí que, a través de corporaciones, consorcios transnacionales y sus emabajadas dictan y condicionan la política y el comportamiento de otros gobiernos e instituciones mundiales oficiales o privadas.

En el Estado español esta semana se ha hecho público uno de esos casos. Como sabéis, en 2010 la Flotilla de la Libertad, que zarpó rumbo a Gaza para denunciar el ilegal bloqueo que sufre su población, fue brutalmente atacada por comandos israelíes en aguas internacionales. Diez personas fueron asesinadas y otras sesenta resultaron heridas de distinta gravedad. Al volver, tres ciudadanos con nacionalidad española y dos organizaciones -que actuaron como acusación popular- presentamos una querella contra los máximos responsables de dicho ataque.

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En noviembre de 2012 el fiscal de la Audiencia Nacional dictaminó en sus diligencias previas que el asalto constituyó un crimen de lesa humanidad y aconsejaba al gobierno elevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno no lo hizo. Más grave fue lo que sucedió poco más de un año más tarde. El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma exprés impulsada por el Partido Popular del Articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagra el principio de jurisdicción universal. Su aprobación supuso un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. Entre estos crímenes se encontraba el cometido por Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya’alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom por el ataque a la Flotilla de la Libertad. El recorte en materia de jurisdicción universal  fue una reacción política generada por presiones (lobbies) de ciertos poderes políticos, entre los que se encuentra Israel.

El juez De la Mata tuvo que cerrar el caso en junio de 2015. En el auto, el juez comunicó la posibilidad de elevar a la Corte Penal Internacional el caso del asalto dado que concurría el delito de crímenes de lesa humanidad. Pero el tema no acabaría aquí. El 11 de noviembre de 2015, le llegó la hora a Benjamin Netanyahu y seis de sus ministros. Los siete fueron incluidos en los ficheros policiales y sus nombres harian saltar una alerta en caso de que pisen territorio español. En ese caso podrian ser notificados personalmente de la querella, llamados a declarar e incluso detenidos bajo la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Aquí empieza el último capítulo, se acentua el funcionamiento de la maquinaria del lobby israelí y prosigue el escándalo. Contextualizemos.

Eldiario.es publicaba esta semana que el 14 de noviembre el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí hizo las siguientes declaraciones en el Jerusalem Post sobre la orden dictada por el juez De la Mata: “Lo consideramos una provocación. Estamos trabajando con las autoridades españolas para anularla. Esperamos que se resuelva pronto”. El punto 2 de la Parte Dispositiva del auto dictado por De la Mata en junio de 2015 indicaba: “Poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a los efectos oportunos, deberán comunicar a este Juzgado Central de Instrucción la posible presencia en territorio español de las personas contra las que se dirige esta querella: Don Benjamín Netanyahu, Don Ehud Barak, Don Avigdor Lieberman, Don Moshe Ya’alon, Don Eli Yishai, Don Benny Begin y Don Eliezer “Chinito” Marom.

Por su parte, Javier Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional) está intentando anular la orden dada por De la Mata para la inclusión de los datos en los ficheros policiales. Zaragoza ya aparece en varios cables de la embajada estadounidense descrito como colaborador para interferir en causas judiciales. Como indica Eldiario.es, en un cable referente a las torturas en Guantánamo sufridas por algunos ciudadanos del Estado español se indica: “El fiscal jefe Javier Zaragoza nos ha dicho que con toda seguridad no le quedará más opción que abrir un caso. Dijo que no espera cargos u órdenes de arresto en un futuro cercano. Él también tratará de que el caso no sea asignado a Garzón. Nuestros contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Ministerio de Justicia nos han dicho que están preocupados por el caso, pero han enfatizado la independencia de la justicia española. También han indicado que el caso avanzará lentamente”. Tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español como desde la embajada israelí han eludido pronunciarse sobre las últimas informaciones aparecidas.

Sabemos como se mueven los tentáculos del lobby israelí. Cuando conocimos la orden dictada por el juez De la Mata, tuvimos claro que íban a producirse presiones para revertir este hecho intentando dejar impunes a esos criminales. Acabamos de ver cómo está funcionando su lobby. Consideramos inaceptable que representantes del Estado español estén colaborando para cerrar un caso que señala a siete personas como responsables de crímenes de lesa humanidad, tal y como quedó recogido en el Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el ataque al Mavi Marmara (páginas 53 a 56) y, a través de este blog, exigimos conocer a qué autoridades se refiere el portavoz israelí. No acceptamos que estos criminales queden impunes. En su día mataron a diez activistas pero, desde hace decenios, llevan masacrando a miles de palestinos y palestinas. Que quede dicho, el fin de las acciones de la flotilla es acabar con esa impunidad israelí y que paguen por los crímenes cometidos. Sea como sea, la lucha continúa y no nos quedaremos mirando. Zarparemos una y mil veces hasta que se haga justicia y Palestina sea libre.

Fuentes de información usadas: publicaciones en eldiario.es y en rumboagaza.org

Publicado en Activismo, Blog, Denúncia

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