El ‘lobbing’ en el caso del ataque al Mavi Marmara

Un lobby (del inglés, ‘salón de espera’), en español, grupo de presión, es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad, según la Wikipedia. Fue en torno al siglo XVIII cuando los miembros del Parlamento Británico bautizaron esta forma de hacer política. Se dice que los diputados eran ‘asaltados’ en la entrada del hemiciclo, justo antes de que empezacen los debates, por grupos interesados que buscaban influir en sus decisiones en el interior. Por eso, hoy en día hacer lobbing o política de vestíbulo significa hacer presión política para conseguir intereses particulares. En la actualidad, de hacer lobbing quien sabe mucho es el gobierno israelí que, a través de corporaciones, consorcios transnacionales y sus emabajadas dictan y condicionan la política y el comportamiento de otros gobiernos e instituciones mundiales oficiales o privadas.

En el Estado español esta semana se ha hecho público uno de esos casos. Como sabéis, en 2010 la Flotilla de la Libertad, que zarpó rumbo a Gaza para denunciar el ilegal bloqueo que sufre su población, fue brutalmente atacada por comandos israelíes en aguas internacionales. Diez personas fueron asesinadas y otras sesenta resultaron heridas de distinta gravedad. Al volver, tres ciudadanos con nacionalidad española y dos organizaciones -que actuaron como acusación popular- presentamos una querella contra los máximos responsables de dicho ataque.

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En noviembre de 2012 el fiscal de la Audiencia Nacional dictaminó en sus diligencias previas que el asalto constituyó un crimen de lesa humanidad y aconsejaba al gobierno elevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno no lo hizo. Más grave fue lo que sucedió poco más de un año más tarde. El 15 de marzo de 2014 entró en vigor la reforma exprés impulsada por el Partido Popular del Articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagra el principio de jurisdicción universal. Su aprobación supuso un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. Entre estos crímenes se encontraba el cometido por Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Ya’alon, Eli Yishai, Benny Begin y Eliezer Marom por el ataque a la Flotilla de la Libertad. El recorte en materia de jurisdicción universal  fue una reacción política generada por presiones (lobbies) de ciertos poderes políticos, entre los que se encuentra Israel.

El juez De la Mata tuvo que cerrar el caso en junio de 2015. En el auto, el juez comunicó la posibilidad de elevar a la Corte Penal Internacional el caso del asalto dado que concurría el delito de crímenes de lesa humanidad. Pero el tema no acabaría aquí. El 11 de noviembre de 2015, le llegó la hora a Benjamin Netanyahu y seis de sus ministros. Los siete fueron incluidos en los ficheros policiales y sus nombres harian saltar una alerta en caso de que pisen territorio español. En ese caso podrian ser notificados personalmente de la querella, llamados a declarar e incluso detenidos bajo la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Aquí empieza el último capítulo, se acentua el funcionamiento de la maquinaria del lobby israelí y prosigue el escándalo. Contextualizemos.

Eldiario.es publicaba esta semana que el 14 de noviembre el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí hizo las siguientes declaraciones en el Jerusalem Post sobre la orden dictada por el juez De la Mata: “Lo consideramos una provocación. Estamos trabajando con las autoridades españolas para anularla. Esperamos que se resuelva pronto”. El punto 2 de la Parte Dispositiva del auto dictado por De la Mata en junio de 2015 indicaba: “Poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a los efectos oportunos, deberán comunicar a este Juzgado Central de Instrucción la posible presencia en territorio español de las personas contra las que se dirige esta querella: Don Benjamín Netanyahu, Don Ehud Barak, Don Avigdor Lieberman, Don Moshe Ya’alon, Don Eli Yishai, Don Benny Begin y Don Eliezer “Chinito” Marom.

Por su parte, Javier Zaragoza (fiscal jefe de la Audiencia Nacional) está intentando anular la orden dada por De la Mata para la inclusión de los datos en los ficheros policiales. Zaragoza ya aparece en varios cables de la embajada estadounidense descrito como colaborador para interferir en causas judiciales. Como indica Eldiario.es, en un cable referente a las torturas en Guantánamo sufridas por algunos ciudadanos del Estado español se indica: “El fiscal jefe Javier Zaragoza nos ha dicho que con toda seguridad no le quedará más opción que abrir un caso. Dijo que no espera cargos u órdenes de arresto en un futuro cercano. Él también tratará de que el caso no sea asignado a Garzón. Nuestros contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Ministerio de Justicia nos han dicho que están preocupados por el caso, pero han enfatizado la independencia de la justicia española. También han indicado que el caso avanzará lentamente”. Tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español como desde la embajada israelí han eludido pronunciarse sobre las últimas informaciones aparecidas.

Sabemos como se mueven los tentáculos del lobby israelí. Cuando conocimos la orden dictada por el juez De la Mata, tuvimos claro que íban a producirse presiones para revertir este hecho intentando dejar impunes a esos criminales. Acabamos de ver cómo está funcionando su lobby. Consideramos inaceptable que representantes del Estado español estén colaborando para cerrar un caso que señala a siete personas como responsables de crímenes de lesa humanidad, tal y como quedó recogido en el Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el ataque al Mavi Marmara (páginas 53 a 56) y, a través de este blog, exigimos conocer a qué autoridades se refiere el portavoz israelí. No acceptamos que estos criminales queden impunes. En su día mataron a diez activistas pero, desde hace decenios, llevan masacrando a miles de palestinos y palestinas. Que quede dicho, el fin de las acciones de la flotilla es acabar con esa impunidad israelí y que paguen por los crímenes cometidos. Sea como sea, la lucha continúa y no nos quedaremos mirando. Zarparemos una y mil veces hasta que se haga justicia y Palestina sea libre.

Fuentes de información usadas: publicaciones en eldiario.es y en rumboagaza.org

A pesar de todo, ¡seguimos luchando!

Esta semana han tenido lugar en Estambul las quintas audiencias del juicio abierto en los tribunales de Turquía contra militares israelíes del ataque al Mavi Marmara, el año 2010. Los máximos responsables están siendo juzgados -a pesar de su ausencia-, por la muerte de nueve activistas.

Estas últimas audiencias se han centrado en los testimonios de varios periodistas que viajaban a bordo del Mavi Marmara. Todos ellos, habían compartido sala de prensa conmigo y relataron como los militares israelíes nos secuestraron en aguas internacionales privándonos de la libertad de información. Tras el asalto, los militares nos confiscaron todo el material que llevábamos; desde cámaras y ordenadores para la edición de los vídeos hasta el propio material gráfico que habíamos estado grabando.

El caso abierto en Turquía es de especial importancia ya que es una de las primeras veces que se juzgan oficiales israelíes en una corte criminal. No sé cómo acabará todo ni qué camino tomará la querella que, hace unos meses, se presentó, también, a la Corte Penal Internacional. De todos modos, tengo claro que estos procesos legales son un paso más contra la impunidad de Israel; un estado que viola a diario los derechos humanos de la población palestina y que hace caso omiso de la legislación internacional.

Mientras tenían lugar estas audiencias, yo estaba con mi cámara grabando en un espacio justo delante de los tribunales. Allí, cientos de personas se habían reunido apoyado el caso y pidiendo justicia contra los responsables del ataque. No sólo había población turca; también había varios internacionales provenientes de una veintena de países -entre ellos Grecia, Suecia, Indonesia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Canadá- que se desplazaron a Estambul para seguir el juicio.

Dos días antes de las audiencias, el pasado martes, tuvo lugar una conferencia jurídica en la que participaron abogados de varios países, representantes de varias víctimas del ataque. Gonzalo Boye, uno de mis abogados, comentó cuál era la situación del caso en los tribunales españoles. Comenzó su intervención mostrándose avergonzado de ser abogado en España. Boye tiene claro que los fiscales españoles son los defensores de los autores que siguen violando los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel estatal.

El recorte en materia de jurisdicción universal realizada en España es una reacción política generada por presiones de ciertos poderes políticos, entre los que se encuentra Israel. Para ellos, debe ser una molestia tener un caso abierto en la Audiencia Nacional, ya que algunos de sus militares, responsables del ataque a la Flotilla de la Libertad, están acusados ​​de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Estas nuevas recortes hacen especialmente difícil que el caso de la Flotilla en España pueda seguir su proceso. A no ser que los jueces desobedezcan los nuevos recortes del PP, el caso acabará archivando. Pero hay otros casos que siguen su curso en siete países y, también, a la Corte Penal Internacional.

Sea como sea, la lucha continúa y no pienso quedarme de brazos cruzados.

(Vídeo realitzado por Olga Rodríguez y Laura Arau)

La ‘impunidad universal’ del Partido Popular

La práctica judicial en materia de Jurisdicción Universal ha sido la que, a lo largo de su historia, más prestigio ha dado a la justicia española en el mundo. Hoy, 27 de febrero de 2014, el gobierno del Partido Popular cambia esta buena práctica para agradar a las grandes potencias a coste de desproteger a sus propios ciudadanos. El caso de la Flotilla de la Libertad es uno de los afectados.

La Jurisdicción Universal es aquella ejercida por los tribunales de cualquier país para perseguir aquellos delitos que ofenden a la conciencia de toda la humanidad, ya que atacan a su dignidad. En el Estado español, hoy el Partido Popular  hace retroceder 20 años en el tiempo a su ciudadanía y, con ello, provoca el archivo de distintos casos abiertos contra responsables de genocidios, crímenes de guerra, torturas, asesinatos…

Desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, el Estado español ha contado con normas para el ejercicio de la jurisdicción universal que han sido referentes -a nivel de derecho internacional- en casos tan importantes como los de Pinochet o de Guatemala.

No es la primera vez que la ingerencia de gobiernos extranjeros provocan cambios legislativos en el Estado español. En 2009, el gobierno del PSOE limitó sustancialmente el ejercicio de la jurisdicción universal condicionándola a cuando las víctimas fuesen españolas. Este recorte provocó la inviabilidad de muchas investigaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional como los delitos cometidos por Israel en Palestina.

Ahora, el gobierno del PP limita aún más la jurisdicción universal con una nueva Ley, de carácter retroactivo, que solo permitirá perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad en el caso que haya víctimas del Espado español y que los responsables del crimen sean españoles o tengan su residencia habitual en el Estado español.

De esta forma, casos abiertos contra la cadena de mandos del ejército estadounidense por el asesinato de José Couso en Iraq, contra nueve personas de la armada israelí por el asalto a la Flotilla de la Libertad, contra Jiang Zemin por el genocidio realizado en el Tíbet o contra los responsables de los crímenes de la dictadura franquista se verán archivados gracias a esta Ley que, en definitiva, busca generar ámbitos de impunidad para los más graves crímenes internacionales.

Yo, víctima

Soy una de las doblemente víctimas: víctima de un ataque ilegal perpetrado por el ejército israelí en aguas internacionales y víctima de los recortes en materia de jurisdicción universal llevadas a cabo por el Partido Popular, en el Estado español.

Víctimas Mavi Marmara

El 31 de mayo de 2010 viajaba en el buque Mavi Marmara de la Flotilla de la Libertad cuando fue atacado –ilegalmente– por comandos israelíes, en aguas internacionales, dejando un total de nueve muertos, una persona en estado de coma irreversible y más de sesenta heridos.

Como víctima, en el mes de julio de 2010, junto a dos compañeros, presenté una querella en la Audiencia Nacional contra los máximos responsables israelíes del ataque. En noviembre de 2012 el fiscal de la Audiencia Nacional dictaminó, en sus diligencias previas, que el asalto constituyó un crimen de lesa humanidad y aconsejaba al gobierno elevar el caso a la Corte Penal Internacional. Desde entonces, no ha habido otro movimiento judicial.

El 24 de enero de 2014 el PP presentaba una proposición de ley relativa a la justicia universal. Una reforma que seria tramitada de forma urgente, sin dictamen del Consejo General del Poder Judicial, y con la finalidad de aprobar la modificación legislativa antes de acabar el mes de febrero de 2014.

Dicho y hecho. Hoy, 27 de febrero de 2014, se aprueba la reforma propuesta por el PP, que modifica en profundidad el apartado 4 del artículo 23 de la LOPJ, norma fundamental de la legislación española para el ejercicio de la jurisdicción universal. Si en los últimos años ya estaba resultando difícil perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de la entrada en vigor de la Ley del PP, en el Estado español, desaparecerá cualquier posibilidad de perseguir a quienes actuaron contra mí y contra el resto de víctimas del ataque a la Flotilla de la Libertad. Gracias al actual gobierno del PP, la causa se tendrá que archivar a pesar de que conocemos perfectamente quiénes son los autores responsables del ataque a la flotilla.

Pero, avisamos: la lucha legal no acaba aquí. Ahora tenemos una doble batalla que librar. Seguiremos los pasos que la PAH ya realizó en en Europa dirigiendonos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y nos sumaremos a la querella que Comores tramitó en la Corte Penal Internacional.

Dicen que quien calla, otorga. Recortar la ley para dejar vía libre a la impunidad de la que ya gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos debería convertir al actual Gobierno español en cómplice de dichos crímenes. Espero que algún día termine la impunidad y se haga justicia; justicia contra los autores de dichos crímenes de lesa humanidad y justicia contra los políticos españoles que los apoyan dictando leyes inhumanas.

Laura Arau
Barcelona, 27 de febrero de 2014

Mavi Marmara