La ‘impunidad universal’ del Partido Popular

La práctica judicial en materia de Jurisdicción Universal ha sido la que, a lo largo de su historia, más prestigio ha dado a la justicia española en el mundo. Hoy, 27 de febrero de 2014, el gobierno del Partido Popular cambia esta buena práctica para agradar a las grandes potencias a coste de desproteger a sus propios ciudadanos. El caso de la Flotilla de la Libertad es uno de los afectados.

La Jurisdicción Universal es aquella ejercida por los tribunales de cualquier país para perseguir aquellos delitos que ofenden a la conciencia de toda la humanidad, ya que atacan a su dignidad. En el Estado español, hoy el Partido Popular  hace retroceder 20 años en el tiempo a su ciudadanía y, con ello, provoca el archivo de distintos casos abiertos contra responsables de genocidios, crímenes de guerra, torturas, asesinatos…

Desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, el Estado español ha contado con normas para el ejercicio de la jurisdicción universal que han sido referentes -a nivel de derecho internacional- en casos tan importantes como los de Pinochet o de Guatemala.

No es la primera vez que la ingerencia de gobiernos extranjeros provocan cambios legislativos en el Estado español. En 2009, el gobierno del PSOE limitó sustancialmente el ejercicio de la jurisdicción universal condicionándola a cuando las víctimas fuesen españolas. Este recorte provocó la inviabilidad de muchas investigaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional como los delitos cometidos por Israel en Palestina.

Ahora, el gobierno del PP limita aún más la jurisdicción universal con una nueva Ley, de carácter retroactivo, que solo permitirá perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad en el caso que haya víctimas del Espado español y que los responsables del crimen sean españoles o tengan su residencia habitual en el Estado español.

De esta forma, casos abiertos contra la cadena de mandos del ejército estadounidense por el asesinato de José Couso en Iraq, contra nueve personas de la armada israelí por el asalto a la Flotilla de la Libertad, contra Jiang Zemin por el genocidio realizado en el Tíbet o contra los responsables de los crímenes de la dictadura franquista se verán archivados gracias a esta Ley que, en definitiva, busca generar ámbitos de impunidad para los más graves crímenes internacionales.

Yo, víctima

Soy una de las doblemente víctimas: víctima de un ataque ilegal perpetrado por el ejército israelí en aguas internacionales y víctima de los recortes en materia de jurisdicción universal llevadas a cabo por el Partido Popular, en el Estado español.

Víctimas Mavi Marmara

El 31 de mayo de 2010 viajaba en el buque Mavi Marmara de la Flotilla de la Libertad cuando fue atacado –ilegalmente– por comandos israelíes, en aguas internacionales, dejando un total de nueve muertos, una persona en estado de coma irreversible y más de sesenta heridos.

Como víctima, en el mes de julio de 2010, junto a dos compañeros, presenté una querella en la Audiencia Nacional contra los máximos responsables israelíes del ataque. En noviembre de 2012 el fiscal de la Audiencia Nacional dictaminó, en sus diligencias previas, que el asalto constituyó un crimen de lesa humanidad y aconsejaba al gobierno elevar el caso a la Corte Penal Internacional. Desde entonces, no ha habido otro movimiento judicial.

El 24 de enero de 2014 el PP presentaba una proposición de ley relativa a la justicia universal. Una reforma que seria tramitada de forma urgente, sin dictamen del Consejo General del Poder Judicial, y con la finalidad de aprobar la modificación legislativa antes de acabar el mes de febrero de 2014.

Dicho y hecho. Hoy, 27 de febrero de 2014, se aprueba la reforma propuesta por el PP, que modifica en profundidad el apartado 4 del artículo 23 de la LOPJ, norma fundamental de la legislación española para el ejercicio de la jurisdicción universal. Si en los últimos años ya estaba resultando difícil perseguir a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de la entrada en vigor de la Ley del PP, en el Estado español, desaparecerá cualquier posibilidad de perseguir a quienes actuaron contra mí y contra el resto de víctimas del ataque a la Flotilla de la Libertad. Gracias al actual gobierno del PP, la causa se tendrá que archivar a pesar de que conocemos perfectamente quiénes son los autores responsables del ataque a la flotilla.

Pero, avisamos: la lucha legal no acaba aquí. Ahora tenemos una doble batalla que librar. Seguiremos los pasos que la PAH ya realizó en en Europa dirigiendonos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y nos sumaremos a la querella que Comores tramitó en la Corte Penal Internacional.

Dicen que quien calla, otorga. Recortar la ley para dejar vía libre a la impunidad de la que ya gozan los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos debería convertir al actual Gobierno español en cómplice de dichos crímenes. Espero que algún día termine la impunidad y se haga justicia; justicia contra los autores de dichos crímenes de lesa humanidad y justicia contra los políticos españoles que los apoyan dictando leyes inhumanas.

Laura Arau
Barcelona, 27 de febrero de 2014

Mavi Marmara

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La desobediencia civil como autodefensa

Convertir la supuesta minoría ruidosa y desafiante en una mayoría silenciada y obediente. Esta parece ser la intención del gobierno español. Acciones de protesta ante instituciones como el Congreso de los Diputados, actos no violentos como los escraches a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o la grabación y difusión de imágenes de los cuerpos de seguridad del Estado podrían llegar a estar sancionados -administrativa y penalmente- en un corto plazo de tiempo.

El viernes de la pasada semana, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también llamada Ley Mordaza por parte de los movimientos sociales. Con este símbolo, se pretende ilustrar la política llevada a cabo por el Gobierno del PP en los últimos dos años: restricción de los derechos sociales, represión policial de la protesta, sanciones administrativas a los desobedientes y endurecimiento del Código Penal.

Manifestación MadridNos encontramos ante un escenario de gravísima polarización social en el que la protesta ciudadana se está convirtiendo en el único medio de supervivencia colectiva a las consecuencias de las políticas de austeridad. Es en este momento cuando el principio moral y jurídico de la desobediencia civil cobra una vital importancia.

La justicia debe estar por encima de la ley. Thoreau, uno de los primeros teórico-prácticos en el campo de la desobediencia civil, lo tenía claro. Para mejorar las condiciones sociales, daba apoyo a todas las acciones que se encontraban en el límite de la legalidad o que, senzillamente, eran ilegales. Muchas personas le siguieron los pasos. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Louise Michel, Rosa Parks o Kate Sheppard son algunos ejemplos.

Más cerca de casa encontramos casos como el de Pepe Beúnza, que a través de la objeción de conciencia fue uno de los impulsores de la lucha antimilitarista en España, o el de Enric Duran, que demostró la posibilidad de desobediencia ante los mecanismos bancarios de generación de deuda.

La historia nos ha demostrado que estar a la altura de las circunstancias es hacer frente a las injusticias a través de la desobediencia civil ya que, como decía Martin Luther King, “nadie nos subirá encima si no doblamos la espalda“.